Ampliando el ámbito de acción de los farmacéuticos de Ontario

El gobierno de Ontario (Canadá) históricamente ha trabajado para mejorar el acceso a la atención sanitaria y la calidad de sus servicios, sobre todo a través del control de los costes y la eficiencia de los recursos humanos. Ya en los años noventa, se estableció la Regulated Health Professions Act, 1991, un nuevo modelo regulatorio para las profesiones relacionadas con la sanidad que aumentaba las competencias de varios profesionales sanitarios y les daba la capacidad de realizar tareas que hasta entonces no estaban estipuladas en su convenio. Casi veinte años después se quiso actualizar esa antigua ley, motivo por el cual el 15 de diciembre de 2009 el gobierno de Ontario aprobó la Regulated Health Professions Statute Law Amendment Act.

Los principales objetivos de esta ley eran extender la oferta de servicios prestados por los profesionales sanitarios, incrementar la colaboración interprofesional y mejorar la eficiencia del sistema sanitario.

A grandes rasgos se pretendía aprovechar las habilidades de los profesionales sanitarios y ampliar su ámbito de acción como medida para reducir los elevados costes el sistema sanitario. Los farmacéuticos fueron uno de los colectivos que más vieron incrementadas sus funciones: se les permitió modificar y renovar prescripciones médicas, prescribir una serie de medicamentos sin la aprobación de un médico o administrar varios tipos de medicamentos, como por ejemplo, vacunas vía inyección o vía inhalación. Con esas medidas se esperaba que los ciudadanos de Ontario tuvieran más flexibilidad a la hora de escoger qué proveedor de salud escogían para realizar sus consultas médicas. Con esa iniciativa el gobierno de Ontario buscaba ampliar el ámbito de acción de los farmacéuticos: evidencias empíricas demostraban que su rol podía ser determinante para mejorar la atención del paciente o la adherencia a ciertos medicamentos.

Los dos principales aspectos que motivaron dicha reforma fueron el aumento del coste de la atención sanitaria y la aspiración de la ciudadanía a tener un mejor servicio sanitario (la experiencia previa de otras jurisdicciones que habían realizado reformas similares avalaba el cambio también en Ontario).

La Health Professions Regulatory Advisory Council (HPRAC), organización independiente que tiene como objetivo asesorar al gobierno sobre operaciones regulatorias de sanidad, expresó su conformidad y publicó una lista de sugerencias. Poco después, el informe de la Commission on the Reform of Ontario’s Public Services manifestó que “los médicos no deberían realizar tareas que pueden llevar a cabo más eficientemente y con menor coste los asistentes médicos, las enfermeras o los farmacéuticos”. Por su parte, la Ontario Pharmacists Association (OPA) apoyó el gobierno aduciendo que con esa nueva política se podrían ahorrar más de 130 millones de dólares al año.

La reforma sanitaria Regulated Health Professions Statute Law Amendment Act tuvo ciertas demoras y se acabó implementando en 2012, pero consiguió ampliar las funciones de los profesionales sanitarios, en especial de los farmacéuticos, y tuvo éxito porque mejoró el acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios. Por ejemplo, en la campaña 2013-14 más de 650.000 ciudadanos de Ontario recibieron la vacuna contra la gripe en una farmacia. Por otro lado, se demostró que había un par de puntos débiles o que no cumplían con las expectativas generadas. En primer lugar, el modelo regulatorio aprobado tiene el peligro de poder dificultar, más que no ayudar, la colaboración interprofesional. Y en segundo lugar, no está claro que el aumento de las funciones de los farmacéuticos haya mejorado la eficiencia del sistema sanitario así como su relación coste-eficacia. En cualquier caso, esa reforma es un paso más para que los farmacéuticos de Ontario tengan un rol más activo y participativo en la sociedad en la que viven.